Compromiso político

Justo en el momento en el que la imagen de las instituciones está más en entredicho, empiezan a aflorar decenas de casos que no hacen sino acrecentar ese sentimiento de descontento general. Si el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante el chiringuito de empresarios locales, concejales, alcaldes, consejeros autonómicos y directores generales, y el fin de la miel hizo que las abejas quemaran la colmena, ahora podríamos hablar del estallido de una burbuja política que también ha acogido a más de un vividor interesado. En este caso es la fiebre del gasto público y la instauración de una nueva conciencia colectiva por la austeridad y la racionalidad la que está sirviendo para prestar más atención a cuestiones que hace unos años habrían pasado desapercibidas sin que nadie les diera importancia.

Benigno López, Valedor do Pobo

Benigno López, Valedor do Pobo. Una fotografía de Anxo Iglesias en El País.

Pero las molleras son resistentes. Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, ha sido señalado por una posible malversación de caudales públicos al costear viajes privados a cargo del erario, y su respuesta principal no ha estado orientada a la negación de la mayor sino a considerar que los más de cinco mil euros (que ya son bastantes más) que podría suponer esa presunta mala práctica son “una miseria”. Según su apreciación, si se roba un poquito se puede robar.

Cuando hace unos días hablábamos de la formación necesaria para tener un cargo público no pensábamos en la instauración del sufragio censitario ni en plantear por ley unos requisitos mínimos para acceder a un puesto de esta naturaleza, que por otro lado serían imposibles de determinar. Hablábamos del poco compromiso social y político que han mostrado quienes no se han preocupado por mejorar sus áreas de conocimiento tras varias décadas ocupando cargos, del mismo modo que se le exige a cualquier trabajador; o mucho peor aún, la pérdida de valor que supone que el político del futuro esté fraguándose entre chavales que abandonan sus estudios para hacer carrera interna en organizaciones juveniles y acabar así en alguna lista electoral; la mejor forma de alcanzar la gloria en España, muy lejos de utopías democráticas bienintencionadas pero poco conscientes de la realidad. Hay una falta de conexión desgarradora entre representantes y representados, que va creciendo y que ha convertido a los políticos de partido en España en una casta insoportable.

La corrupción es otra cara de la misma moneda. Responde a esa misma falta de ética pública, y al gesto aprendido de que todo vale: una idea bonita, un buen discurso y nada más. Lo público es de todos, luego no es de nadie, que dijo una ministra. Así surgen los hombres a los que regalan “cuatro trajes” y consideran que es justo reír su gracia, o aquellos que son capaces de gritar públicamente, como el presidente del Supremo, que una cantidad que supera de largo lo que muchas familias ingresan en más de medio año es “una miseria”. No le falta razón. Quizá piense lo mismo el ‘valedor do pobo’ (defensor del pueblo) de Galicia, que habla de las ayudas a las personas dependientes como un gasto innecesario mientras se pasea en un vehículo recién adquirido por 62.000 euros, mucho más caro que el del presidente de la Xunta.

Hay otro caso paradigmático, y se llama Bankia. Mientras muchos piden nacionalizar la banca como solución a los males que aquejan el sistema financiero, un hombre sin formación en este campo (un médico sin licenciarse en medicina, para que se entienda mejor) ha llevado una caja pública a la ruina definitiva (en la ruina ya estaba antes) y puede marcharse con una indemnización millonaria. Ni él ni quienes han conseguido este resultado son los mercados, abstractos entes, sino políticos autonómicos que representan a los ciudadanos de modo directo y que utilizaron los ahorros de millones de españoles para sus juegos especulativos y negocios particulares.

Mientras Trias y Monago mantienen profundos discursos sobre sus partes nobles, el último CIS nos recordó lo evidente: que ni el gobierno ni la oposición despiertan simpatías ni mucho menos confianza entre los ciudadanos. Pero también que es lo que hay. ¿Eternamente? No. Y para que el día de mañana unos iluminados pregonando nuevos amaneceres, como en algún país vecino, no den un susto serio ante la desesperación ciudadana, sería necesario empezar a derribar ciertos muros.

En Asturias, paralizada desde mayo de 2011, siguen las negociaciones para formar gobierno. El gran escollo para que UPyD y el PSOE se entiendan es la reforma de la ley electoral. Existe una cierta obsesión por parte del partido magenta con esta cuestión, y resulta desde luego chocante que sea su principal prioridad para formar un Ejecutivo del que el Principado está muy necesitado y que tendrá que afrontar importantes retos económicos; pero también tiene razón este partido en su planteamiento de “regeneración”, con independencia de la discutible forma en que esto pueda desarrollarse. Más allá de las circunscripciones o la ley D’Hont, hay que dar la vuelta a ciertas prácticas y comportamientos. En ese sentido, abrir la democracia interna de los partidos, modificar los sistemas de listas cerradas para dar verdadera capacidad de decisión a los ciudadanos y aprobar una ley de transparencia de la administración resultaría eficaz para empezar a recuperar el crédito perdido y evitar que sean opciones menos higiénicas las que vendan soluciones homeopáticas a personas necesitadas de respuestas. La salida de la crisis también necesita un cambio de conciencia colectiva que debe alcanzar a las instituciones, plagadas de pequeños Camps, Dívar y Benignos, para que quienes las ocupan dejen de ser “clase” y pasen a ser simples activos políticos.

Este fin de semana España vuelve a las calles, un año después de las acampadas que tuvieron epicentro en la madrileña Plaza del Sol, con resultados como siempre impredecibles y con una nueva forma de gestionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace unos días el 15M, ahora 12M, era noticia por haber expulsado a varios de sus miembros, que tomaron decisiones “al margen” de los cauces legítimos. Así que sí, quienes hablan de subvertir el sistema también creen en la legitimidad democrática, la ley, la justicia y el orden. Al final, no todo van a ser malas noticias.

Jorge Barraza | @JorgeBF

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